La autopista del 596.
Sobre la promesa que recogió a miles y la traición que se la come desde adentro.Son las cuatro y media de la mañana en una loma de Cali. Una mujer empuja una carreta donde el cartón se moja con el sereno y los plásticos crujen al chocarse. Hace este recorrido desde que tenía veintidós años. Hoy tiene cuarenta y siete. Las manos saben dónde está cada bolsa antes de que la luz alcance la cuadra. Ella sigue empujando porque el sistema le prometió, hace casi una década, que un día su trabajo iba a ser parte del servicio público de aseo. Que iba a dejar de ser informal. Que iba a cobrar por toneladas. Sigue empujando, y sigue esperando.
El Decreto 596 de 2016 se firmó un 11 de abril de hace casi diez años. La Corte Constitucional había obligado al Gobierno a reconocer a los recicladores de oficio como sujetos de especial protección, y el decreto fue la respuesta: un esquema operativo que reglamentaba la actividad de aprovechamiento y abría el camino para que miles de familias dejaran de mendigar por kilo y pasaran a cobrar por toneladas, dentro del servicio público. Para un sector que llevaba décadas siendo invisible, fue una victoria histórica. La fila por fin iba a avanzar.
Pero en esta autopista, como en la de Cortázar, los carros siguen detenidos y cada uno vive su propio tiempo. En el primer carro va la mujer de la loma de Cali, empujando la carreta y esperando que algún día le llegue la remuneración tarifaria que el decreto le prometió. En el segundo carro va un representante de organización que aprendió a cargar al SUI toneladas que nadie recogió, bodegas que no existen, recicladores cuyos nombres son sacados de la calle sin que ellos sepan. En el tercer carro voy yo, vas tú: el ciudadano que paga cada mes en su factura una tarifa de aseo que financia toda esta cadena, sin saber qué pagó ni a quién terminó llegándole. Tres carros, una sola autopista, y nadie mira al de al lado.
Las cifras son del tamaño de la traición. Andesco reportó que en Bogotá se han desembolsado 1,1 billones de pesos por aprovechamiento desde la entrada en vigor del decreto, sin que ese dinero se refleje en mejoras para los recicladores de oficio. La SSPD lleva años activando alertas por dobles reportes y alteraciones intencionales en el SUI. Hace dos semanas, en Boyacá, la Fiscalía judicializó a una red que se llevó 6.829 millones de pesos en dos años reportando toneladas que nunca existieron, usando nombres de habitantes de calle y recicladores que ni se enteraron. Compraron vehículos de alta gama, inmuebles. En Bogotá, mientras tanto, el 82% de los 26.159 recicladores formalizados sigue en régimen subsidiado de salud. La promesa no llegó al carro correcto.
Y esto es lo más triste: el golpe no viene del Estado que se equivocó, ni del ciudadano que paga sin saber. Viene de adentro. Viene de representantes de las propias organizaciones de recicladores que convirtieron una conquista histórica en caja personal. Cuando la traición es íntima, lo que se rompe no es solo el decreto: es la confianza pública en un movimiento que llevaba treinta años peleando por ser reconocido. Y sin esa confianza, el siguiente reciclador que toque la puerta del Estado pidiendo justicia va a encontrarse con una rendija más estrecha.
En La autopista del sur, los carros nunca llegan a París. Se vuelven comunidad en la fila, se enamoran, se alimentan, se cuidan, y cuando por fin avanzan, se dispersan sin haber llegado. La mujer de la loma de Cali todavía empuja su carreta. Todavía espera. Lo que no sabe es que, mientras ella espera, otros ya cobraron el peaje.